Gabriel Ibarra
De hecho, algunos miembros de la OMC han adoptado medidas para mitigar los efectos del cambio climático, como es el caso del impuesto al carbono, tributo ambiental que grava a quienes generen este contaminante, con el propósito de reducir las emisiones de CO2.
El Fondo Mundial para la Naturaleza estableció que, a raíz de este impuesto, “en el Reino Unido, las emisiones de carbono han caído a su nivel más bajo desde 2013. Por otra parte, en Suecia, el gravamen ha ayudado a reducir estas emisiones en un 26% desde 1990. En contraste, países como Francia, que no han adoptado este tributo, ha aumentado sus niveles de CO2”.
El pasado 26 de octubre, en un evento organizado por la Cámara de Comercio Internacional de Reino Unido, la directora general adjunta de la OMC, Angela Ellard, llamó la atención sobre la necesidad de establecer de manera universal este impuesto y con un monto único con el fin de reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero, para el año 2030.
El New York Times ha señalado que, para cumplir ese objetivo, muchas industrias deben hacer cambios drásticos y costosos. Así, por ejemplo, los productores de acero como ArcelorMittal deben buscar la forma de utilizar hidrogeno en lugar de combustibles fósiles.
Estados Unidos, China y Rusia se han opuesto a esta iniciativa, debido a que los estrictos grados de exigencia ambiental afectan su capacidad para competir a causa de los altos costos que deben asumir.
A su vez, los países en vías de desarrollo, que en este sentido son los menos rigurosos y estrictos, temen que esta propuesta juegue en su contra y se convierta en una barrera de acceso que les impida competir con los países desarrollados.