En una columna anterior se expuso que, a raíz de una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ,) el juez del Distrito de Columbia, Amit Mehta, determinó que Google consolidó un monopolio ilegal en el mercado de búsquedas online de EE. UU., al pagar a fabricantes de celulares para que su motor de búsqueda fuera el predeterminado en esos equipos.

Según la Sherman Act, una vez probada la infracción, el DOJ debe proponer remedios que el juez revisará y decidirá si se aplican (15 U.S.C. sección 4).

Así, tras esta decisión, en octubre de 2024, el DOJ propuso al Juez Mehta algunos remedios para hacer frente a las conductas de Google, entre los que figuraba la orden de venta forzosa de activos clave como Chrome o Android.

Lo anterior con el fin de que esas plataformas funcionaran como negocios independientes y no como piezas de un ecosistema cerrado de las búsquedas en línea. También solicitó que se ordenara a Google compartir información, con su competencia, y terminar los contratos de exclusividad.

El 2 de septiembre de 2025, el Juez Mehta descartó exigir la venta de Chrome y Android, porque considero que ellos no fueron esenciales para bloquear la competencia.

También reconoció que la inteligencia artificial generativa está cambiando el mercado de búsquedas en internet y que el liderazgo de Google responde tanto a conductas como a cambios del sector.

No obstante, de acuerdo con el New York Times, el fallo adoptó algunos remedios sugeridos por el DOJ: Google no podrá firmar contratos de exclusividad relacionados con Search, Chrome, Google Assistant y Gemini, aunque seguirá preinstalando sus aplicaciones. Además, debe compartir datos de búsqueda con competidores y formar un comité técnico para supervisar la entrega de datos.

Según Reuters Google dispone de 30 días desde la expedición de la sentencia (2 de septiembre) para apelar.

La providencia ha recibido críticas en un sentido y en otro.

Jessica Melugin, directora del Centro de Tecnología e Innovación del Instituto de Empresas Competitivas, expresó dudas sobre la obligación de compartir datos y manifestó que la sentencia no estableció la forma para determinar quiénes son “competidores cualificados” y Sundar Pichai, CEO de Google, señaló que una venta forzada de este navegador habría hecho insostenible la innovación bajo las condiciones actuales, lo que hubiera llevado a un deterioro de la calidad de los servicios y a limitar la competencia genuina.

Por otro lado, Sacha Haworth, directora ejecutiva del Proyecto de Supervisión Tecnológica manifestó que no está de acuerdo con que se defienda el monopolio y que, el juez, en vez de tomar medidas drásticas, permitió que Google mantuviera su poder sobre internet y la economía digital.

Pero la conducta de Google no solo ha sido objeto de acciones en los EE.UU. La Comisión Europea también le impuso una multa de 2.950 millones de euros y le ordenó detener sus prácticas de autopreferencia en la cadena de suministro de tecnología publicitaria.

Esa autoridad tenía previsto imponer esas sanciones a comienzos de 2025, pero retrasó el anuncio oficial por temor a que el presidente Donald Trump utilizara la medida para deshacer los avances alcanzados en las negociaciones comerciales, y, en efecto, una vez impuesta la sanción, Trump acusó a la UE de “tomar dinero que debería ir a empleos estadounidenses.

Lo anterior refleja que la aplicación de las leyes de competencia se está volviendo un asunto geopolítico con consecuencias inciertas.