El 31 de marzo de 2025, el presidente Donald Trump expidió la Orden Ejecutiva “Combating Unfair Practices in the Live Entertainment Market”, mediante la cual enfatizó a la Federal Trade Commission (FTC) la necesidad aplicar las leyes de competencia en la industria de conciertos y espectáculos en vivo.

Estas directivas pueden recordarles a las autoridades cómo deben actuar según sus facultades.

De manera específica, allí se señala que en la industria de conciertos y espectáculos existen intermediarios que adquieren la totalidad de las entradas para revenderlas posteriormente a tarifas abusivas. En algunos casos, se cobraba hasta 70 veces del valor original, sin que a los artistas se les reconozca ningún valor o beneficio adicional.

Esos cargos adicionales, denominados «junk fees», incrementan el precio final de un bien o servicio, suelen permanecer ocultos hasta las etapas finales del proceso de compra y generan confusión entre los consumidores.

Lo anterior llevó al presidente Trump a firmar la orden referida para exigir precios claros en todos los procesos de compra y frenar estas prácticas que afectan el acceso a los conciertos y espectáculos.

En su concepto, estas conductas constituyen “distorsiones de mercado” que atentan contra el acceso de los ciudadanos a la cultura y el entretenimiento.

La directiva refuerza la aplicación de la Better Online Ticket Sales Act (BOTS Act) que prohíbe el uso de programas automatizados (“bots”) para comprar masivamente boletas en línea con el fin de revenderlas a precios mucho más altos en el mercado secundario.

La BOTS Act faculta a la FTC para imponer sanciones tanto a quienes emplean los “bots” como a los que se benefician de la reventa.

Lo novedoso de la orden es que le da al tema una dimensión interinstitucional y le exige a la FTC compartir información con los fiscales generales para garantizar la cooperación entre estas entidades e investigar si además existe una conducta delictuosa.

Asimismo, con fundamento en la BOTS Act, exige a la FTC que, sancione no solo el uso indebido de los «bots», sino también la falta de transparencia y la omisión en proporcionar información precisa sobre los precios. Los consumidores tienen el derecho a conocer, desde el primer momento, cualquier cargo adicional al valor de la boleta que se les cobrará, y que se garantice la ausencia de cargos ocultos.

La orden también exige la intervención del Departamento del Tesoro con el fin de garantizar que los revendedores cumplan con las normas tributarias, un aspecto que no contempla la BOTS Act.

Además, dispone que dentro de los 180 días posteriores a la emisión de la directiva (31 de marzo de 2025), la FTC, el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento del Tesoro deben presentar un informe sobre las medidas adoptadas para abordar la situación relacionada con los conciertos y eventos.

Las administraciones anteriores ya habían expedido regulaciones sobre los” junk fees”. Biden promovió la Regla sobre Tarifas Injustas y Engañosas con el objetivo de combatir estos cargos en diversos sectores.

Para la Orden ejecutiva, estas prácticas irregulares no solo conciernen a la normativa de protección del consumidor, sino que las incluyó en al ámbito de las leyes de competencia y las consideró un asunto de mercado.

En suma. La orden le dio mayor peso a las acciones antitrust y a la coordinación interinstitucional e incluyo en la estrategia para combatir esta conducta a otros reguladores estatales diferentes del FTC y el DOJ como la fiscalía y el departamento del Tesoro.