Gabriel Ibarra
En la segunda vuelta de la elección presidencial que se llevará a cabo el próximo 19 de junio, existe un peligro silencioso y agazapado que amenaza el proceso democrático: la ilusión del voto en blanco con el que se está confundiendo a los electores.
El voto en blanco es un mecanismo democrático creado para objetar malas candidaturas y está previsto en el artículo 258 de la Constitución. Cuando en una elección el voto en blanco es mayoría se interpreta que la gente rechazó las candidaturas, se debe repetir el evento por una sola vez y los candidatos objetados no se podrán presentar de nuevo.
El tema crucial en el actual proceso es que la Constitución dispone el voto en blanco hasta la primera vuelta presidencial, no para la segunda. Por ello es inexplicable que, a comienzos de junio, el registrador Alexander Vega hubiera anunciado que el tarjetón de segunda vuelta estaría conformado por tres opciones: Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y el voto en blanco.
Se ha pretendido justificar este acto antijurídico con el anodino argumento de que así se ha hecho antes. No tuvo en cuenta el registrador que el artículo 190 de la Carta dispone de manera perentoria que en la segunda vuelta solo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones, lo que significa que aquí no cabe en ninguna parte el voto en blanco.
En las elecciones de 2018, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, alertó sobre esta vulneración a la Constitución Política y puso de presente que, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 1475 de 2011, la propaganda electoral del voto en blanco se debe someter a los mismo requisitos y condiciones que se exigen para los demás candidatos, de tal manera que al ser considerado el voto en blanco un contendor más, no puede aparecer en el tarjetón de la segunda vuelta, en donde la Constitución solo permite participar a los dos candidatos que hayan obtenido la más alta votación.
Más grave aún es que el propio registrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, haya reconocido ante la opinión pública que el voto en blanco en segunda vuelta no tiene ningún efecto jurídico, es decir, que su inclusión es puramente simbólica, con lo cual reconfirma que haberlo incluido en el tarjetón genera una grave distorsión del proceso democrático.
En tiempos de tanta polarización habrá electores a quienes no les guste ninguno de los dos candidatos y consideren la opción del voto en blanco, que en la segunda vuelta es un espejismo y equivale a perder el voto pues no tiene ningún efecto jurídico, pero a la vez implica el peligro gravísimo de distorsionar la elección que, según las encuestas, se definirá por un margen estrecho.
El sorprendente resultado de la primera vuelta señala el rechazo nítido y contundente de la población a la política tradicional y también a la cultura del odio, a la desinformación, las mentiras, las amenazas, las agresiones y al vandalismo que venían impulsando algunos sectores durante los últimos años. Angustioso este otro golpe a la credibilidad de la Registraduría a estas alturas. La transparencia del proceso exige que al menos adviertan a los electores, por todos los medios, de manera clara e inequívoca, la inocuidad e ineficacia del voto en blanco.
Es realmente irracional y contrario al sentido común, y un inadmisible atentado contra la democracia, insistir en incluir el voto en blanco en el tarjetón. El registrador deberá responderles a todos los colombianos por su inexplicable e irreflexiva tozudes.