Gabriel Ibarra
En días pasados el nuevo gobierno manifestó que una de sus metas era reducir la dependencia de las exportaciones de petróleo y diversificar las demás.
En aras de ese cometido, el nuevo ministro de Hacienda planteó supeditar los beneficios tributarios de las Zonas Francas, al cumplimiento de unas cuotas de exportación, para convertirlas en verdaderas plataformas de ventas hacia los mercados externos.
No obstante, ese pareciera no ser el camino más adecuado para lograr esos propósitos por cuanto, como se sabe, una condición como esa sería ostensiblemente violatoria de la OMC, organización que prohíbe sujetar los beneficios tributarios al desempeño de las exportaciones.
De ahí que la iniciativa podría hacer nugatorios los objetivos expresados porque, en ese escenario, las exportaciones de bienes de las Zonas Francas podrían ser un blanco muy fácil de derechos compensatorios en los mercados de destino.
No ocurriría lo mismo en el caso de los servicios, porque las disciplinas de los subsidios no son aplicables a este tipo de exportaciones.
Otro planteamiento que se ha propuesto es el de renegociar el TLC con los Estados Unidos, lo que no parece viable en el corto plazo.
Pero aun si lo fuera, ello podría ser un tiro en el píe, por cuanto no puede descartarse que esa renegociación conduzca más bien a la pérdida de los beneficios, de acceso al mercado de los EE.UU, que logramos obtener en el TLC vigente.
La renegociación del TLCAN (con México y Canadá), a iniciativa de los EE.UU, es bastante ilustrativa. Esa aventura concluyó en unas exigencias muy drásticas en cuanto a las normas de origen que debían cumplir esos países para acceder al mercado de los EE.UU, en sectores vitales para sus exportaciones (vehículos y lácteos).
Así que, para la consecución de esos objetivos, sería más conveniente pensar no sólo en aprovechar mejor el TLC con USA, país que es el destino de cerca del 30 % de nuestras exportaciones, sino también en crear una agencia que se encargue de gerenciar los 17 tratados comerciales vigentes en Colombia y coordinar las políticas internas tendientes a aprovecharlos.
Cuando se concluyó el TLC con los Estados Unidos el MinCit estableció una oficina para coordinar la agenda interna, pero ella fue inexplicablemente desmantelada, con lo cual la gerencia de estos tratados quedó huérfana y sepultada.
Así que hoy en día no hay nadie que se encargue de gestionar, dar respuesta y solucionar las posibles incompatibilidades, contradicciones y conflictos que pudieran derivarse de los 17 tratados que ha celebrado Colombia.
Esa proliferación de convenios, esa promiscuidad comercial, puede indicar que hay una falta de prioridades y una ausencia de una verdadera política de Estado en relación con el comercio exterior.
Se pregunta uno si en vez de lanzarse a celebrar tratados a diestra y siniestra lo apropiado hubiera sido ser más selectivos y priorizar los países con los que era realmente útil celebrar esos convenios, es decir, preferir la calidad sobre la cantidad de nuestros socios comerciales.
Debe recordarse que las solas ventajas arancelarias derivadas de esos tratados, no aumentan per se las exportaciones y, en cambio, sí hay que pagar el acceso de unas exportaciones, en algunos casos nimias o inexistentes, a esos mercados.
Adviértase que, de los 17 convenios, sólo 9 registran magros superávits en la balanza comercial.
En aras de aprovechar el TLC con nuestros principales socios comerciales, podría pensarse en diseñar una política para atraer la inversión hacia las Zonas Francas con el fin de penetrar esos mercados. Ello parecería un mecanismo mucho más atractivo para convertir a las Zonas Francas en una verdadera herramienta de exportaciones.