La denominada “Trump’s Big Beautiful Bill”, un proyecto de ley que busca desmontar los incentivos fiscales para la energía solar y eólica, y revivir los subsidios al carbón, avanza en el Congreso estadounidense y ya fue aprobado por el senado.

Según The American Prospect, la ley elimina créditos fiscales para energías limpias por un valor de US$165.000 millones, reduce en 300 GW la capacidad prevista para generar energía, y podría elevar los precios de la electricidad hasta en un 29 % en algunos estados. Además, se anticipa una pérdida de US$960.000 millones en PIB y más de 770.000 empleos

Pero, además, la medida también amplía los subsidios al carbón, utilizado en la producción de acero, lo clasifica como recurso “crítico” y reduce las regalías que pagan las empresas, por su extracción, mediante concesiones otorgadas por el Estado.

Este proyecto contrasta con el “Green Deal” y el Mecanismo de Ajuste por Carbono en Frontera (CBAM) de la Unión Europea (UE) que buscan encarecer las importaciones de bienes cuya producción ha dejado una alta huella de carbono.

El panorama anterior evidencia la creciente fragmentación de las estrategias energéticas, a nivel internacional, que altera el equilibrio competitivo global y coloca al resto de países, especialmente a los menos desarrollados, en una encrucijada.,

Por ejemplo, la Unión Europea impondrá gravámenes a las importaciones provenientes de socios comerciales que no cuenten con estándares ambientales equivalentes. Sin embargo, si países como Estados Unidos no adoptan medidas para reducir sus emisiones de carbono, los programas de la UE serán ineficaces y quedaran reducidos a simples y desnudas barreras comerciales.

Lo anterior, pone de manifiesto la inconveniencia de qué los estados decidan tomarse, por su propia cuenta, la imposición de políticas y medidas a sus socios comerciales.

Los problemas climáticos globales requieren soluciones consensuadas o al menos convenidas por la mayoría de los países. El hecho de que uno de ellos se arrogue la función de dictar unilateralmente, a los demás, los estándares de sostenibilidad y de fungir como policía ambiental del planeta, puede terminar en esfuerzos inútiles y en barreras disfrazadas de objetivos glamurosos.

En medio de esta dinámica global, China ha encontrado la oportunidad de posicionarse estratégicamente y ha comenzado a avanzar con políticas decididas para liderar la transición energética, lo que no sólo le otorga ventajas comerciales, como mayor capacidad exportadora, generación de empleo y crecimiento del PIB, sino también poder geopolítico.

Según The American Prospect, en 2023 China instaló más de 270 GW solares, el doble de la capacidad total acumulada por Estados Unidos. Su avance en energía eólica, vehículos eléctricos e infraestructura férrea confirma que el vacío estratégico que deja Washington será ocupado por Pekín.

El escenario anterior invita a reflexionar sobre los riesgos de persistir en modelos aislados.

La clave está en reconocer que la transición energética y climática no será homogénea ni lineal, y que la diversidad de contextos demanda asumir compromisos compartidos, pero diferenciados y en la necesidad de construir consensos parciales que, aunque imperfectos, eviten la parálisis y mantengan vivo el espíritu de cooperación internacional. En este propósito la OMC tiene un papel muy importante que jugar.